Evaluación docente: debate superficial - Parte I
Luego de una serie de discusiones entre el Ministerio, el Colegio de Profesores y la Asociación de Municipales, se puso “en marcha” la evaluación docente en el sector municipal, que se estima, medirá las capacidades y conocimientos de unos 18 mil profesores.
Sin embargo, queda la sensación de que como en muchos otros ámbitos de las políticas educativas, el debate se ha centrado es aspectos formales, políticos o accesorios. Efectivamente, lo que más ha llamado la atención de la discusión pública pareciera ser los montos de indemnización para los docentes que por tres evaluaciones consecutivas sean calificados como “insatisfactorio”. Un poco más allá llegó Libertad y Desarrollo y el Mercurio en recientes publicaciones, en las que se cuestionaba su eficiencia como política dirigida desde el Ministerio, a diferencia de “las experiencias alentadoras que ilustran y entregan nuevos argumentos para elevar la calidad de la educación chilena (El Mercurio, 2005)”, que algunas instituciones han implementado en forma innovadora.
En este sentido hay algunas cosas que comentar. Primero, que LyD aduce como principal debilidad la ausencia de los resultados de los alumnos como instrumento de medición adicional, y la poca participación de los directores y sostenedores (i.e. los empleadores) en el proceso. Pero, ¿cómo debería ser incorporado el resultado de los alumnos?¿a través de qué instrumento?, y ¿cómo esto es consecuente con la llamada defensa de la llamada autonomía de los establecimientos?
Es cierto que todo indica que el país debe avanzar hacia una formación y capacitación de los docentes que rinda frutos en el corto y mediano plazo. Igualmente, observar qué tipo de profesor es el que ejerce actualmente en las aulas es clave para la búsqueda de la tan anhelada educación de calidad. Pero ante estas disyuntivas surgen, al menos, los siguientes puntos a considerar.
La evaluación docente se ha planteado como formativa y no “punitiva”, lo cual puede discutirse más profusamente, pero desde ese punto de vista es esperable y prudente generar mecanismos de evaluación que busquen determinar falencias de los profesores en cuanto al nivel de conocimientos específicos que dominan, y si son capaces de traspasarlos al aula. En este sentido, se busca determinar las características individuales de los docentes y sus posibilidades de mejoramiento, y lo que es capaz de entregar a sus alumnos colectiva e individualmente, lo que una medición estandarizada del rendimiento de los alumnos, por ejemplo, no entregaría.
Sin embargo, queda la sensación de que como en muchos otros ámbitos de las políticas educativas, el debate se ha centrado es aspectos formales, políticos o accesorios. Efectivamente, lo que más ha llamado la atención de la discusión pública pareciera ser los montos de indemnización para los docentes que por tres evaluaciones consecutivas sean calificados como “insatisfactorio”. Un poco más allá llegó Libertad y Desarrollo y el Mercurio en recientes publicaciones, en las que se cuestionaba su eficiencia como política dirigida desde el Ministerio, a diferencia de “las experiencias alentadoras que ilustran y entregan nuevos argumentos para elevar la calidad de la educación chilena (El Mercurio, 2005)”, que algunas instituciones han implementado en forma innovadora.
En este sentido hay algunas cosas que comentar. Primero, que LyD aduce como principal debilidad la ausencia de los resultados de los alumnos como instrumento de medición adicional, y la poca participación de los directores y sostenedores (i.e. los empleadores) en el proceso. Pero, ¿cómo debería ser incorporado el resultado de los alumnos?¿a través de qué instrumento?, y ¿cómo esto es consecuente con la llamada defensa de la llamada autonomía de los establecimientos?
Es cierto que todo indica que el país debe avanzar hacia una formación y capacitación de los docentes que rinda frutos en el corto y mediano plazo. Igualmente, observar qué tipo de profesor es el que ejerce actualmente en las aulas es clave para la búsqueda de la tan anhelada educación de calidad. Pero ante estas disyuntivas surgen, al menos, los siguientes puntos a considerar.
La evaluación docente se ha planteado como formativa y no “punitiva”, lo cual puede discutirse más profusamente, pero desde ese punto de vista es esperable y prudente generar mecanismos de evaluación que busquen determinar falencias de los profesores en cuanto al nivel de conocimientos específicos que dominan, y si son capaces de traspasarlos al aula. En este sentido, se busca determinar las características individuales de los docentes y sus posibilidades de mejoramiento, y lo que es capaz de entregar a sus alumnos colectiva e individualmente, lo que una medición estandarizada del rendimiento de los alumnos, por ejemplo, no entregaría.
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